40 investigados en Nerja entre cargos públicos y empresarios por un vertedero ilegal situado en espacio protegido

Este vertedero ilegal existe desde hace 15 años junto al río de la Miel, dentro del monte Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación. Entre los investigados se encuentran cargos públicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, como la alcaldesa, Rosa Arrabal, el exalcalde José Alberto Armijo y ediles tanto de esta Corporación como la anterior; además de 26 empresarios

40 investigados en Nerja entre cargos públicos y empresarios por un vertedero ilegal situado en espacio protegido



Desde hace 15 años existe un vertedero en Nerja junto al río de la Miel, dentro de un espacio protegido, que no tiene autorización ambiental y supone un grave peligro para el medio ambiente. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente presentó una querella contra este “vertido incontrolado de toda clases de residuos de la construcción y demolición, peligrosos y de grandes cantidades de podas que ocupa 36.000 metros cuadrados”.

A raíz de esta querella se inició el procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox y en estos momentos casi 40 personas ya han sido llamados a declarar ante el Seprona en calidad de investigados.

El  vertedero ilegal, situado concretamente dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama,  está siendo explotado por una sociedad de cinco empresas, aunque con el conocimiento de las administraciones y por su ubicación supone un grave peligro  para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas.

Además de situarse dentro de un espacio protegido, según los investigadores el vertedero no cuenta con canales que eviten la entrada de agua de lluvia; los residuos se depositan directamente sobre el terreno; no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos inflamables; y no hay cortafuegos ni vallado perimetral.

Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, según las fuentes, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser considerado de “catastrófico” desde un punto de vista medioambiental, según los investigadores, afectando directamente al parque natural o incluso al paraje de los acantilados de Maro-Cerro Gordo

Según las investigaciones las empresas que explotan el vertedero habrían expedido “certificaciones falsas” a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado.

Por ello se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación. Entre los investigados en la Guardia Civil se encuentran cargos públicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, como la alcaldesa, Rosa Arrabal, el exalcalde José Alberto Armijo y ediles tanto de esta Corporación como la anterior; además de 26 empresarios.

La investigación comenzó a principios de año por el Seprona, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentra prácticamente terminada, siendo de las más relevantes sobre un vertedero de las realizadas en la provincia malagueña.