Alcaldesa de Nerja afirma que la sanción por el vertedero ilegal corresponde a la etapa del PP

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La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), ha afirmado hoy tras conocer la sanción de la Junta de Andalucía, que el expediente sancionador incoado contra el Ayuntamiento por la gestión de un vertedero ilegal, que investigando un juzgado de Torrox, corresponde a la etapa de gobierno del PP en el municipio.

El PP ha acusado a la regidora, que declaró el pasado diciembre como investigada por la existencia de un vertedero ilegal en el paraje del Río de la Miel, de ocultar este expediente sancionador, que propone una multa para el consistorio de 240.000 euros, cantidad que podría alcanzar el millón de euros.

En declaraciones a Efe, la alcaldesa ha criticado la actitud en este asunto del PP, formación que también tiene a varios cargos públicos, como el exalcalde entre 1995 y el 2015 y actual edil, José Alberto Armijo, investigados por esa causa.

Arrabal ha asegurado que el PP conocía la existencia de expedientes abiertos por Medio Ambiente por ese vertedero, “ya que entre el 2002 y el 2008 hubo hasta cuatro, que fueron recurridos por el entonces gobierno liderado por Armijo, con el resultado de que caducaron, aunque no prescribieron, por lo que se podían volver a incoar”.

Según la alcaldesa, a raíz de la investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil y la investigación judicial, que derivó en el cierre del vertedero, Medio Ambiente retomó el tema y se realizaron nuevas inspecciones a los procedimientos anteriores, “como un expediente del 2013”.

La regidora ha indicado que ese expediente tuvo entrada en el Ayuntamiento el pasado verano, pero se corresponde a una propuesta de sanción por la gestión del vertedero que hicieron los anteriores gobiernos del PP.

Arrabal ha recordado que la respuesta de Armijo a todos los expedientes sancionadores era alegar que allí no había un vertedero, sino una cantera, mientras que la Junta pedía como medidas cautelares la reposición al estado anterior y el cierre, “algo que el PP nunca hizo”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox investiga la gestión de este vertedero, en el que durante más de quince años se arrojaron residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos y restos de podas o plásticos, en una antigua cantera situada en un parque natural.

Cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones.  Recordar que a los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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