Crece el riesgo de inundaciones en el litoral de la provincia por factores humanos, naturales y climáticos

Crece el riesgo de inundaciones en el litoral de la provincia por factores humanos, naturales y climáticos



La zona litoral de la provincia de Málaga está expuesta a un riesgo creciente de inundaciones debido a factores humanos, en relación con la planificación urbanística y uso del espacio; naturales, como la orografía del terreno; y por los efectos del cambio climático; según el Estudio del Riesgo de Inundaciones realizado por la Fundación Madeca, organismo dependiente de la Diputación.

Según ha detallado el presidente de Madeca y diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, el informe tiene el objetivo de presentar “todas las cartas sobre la mesa” ante la temporada en la que Málaga tiene un mayor riesgo de sufrir episodios de lluvias torrenciales e inundaciones.

Así, el estudio se circunscribe a los municipios de Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Málaga capital, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Nerja; núcleos urbanos que concentran a más de 1,22 millones de habitantes y puntos en los que se han identificado más episodios de este tipo según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de las Cuencas Mediterráneas y Andaluzas, así como según estudios recientes de la Universidad de Málaga.
La principal conclusión del estudio es que el riesgo de inundaciones crece “por el efecto combinado de factores naturales, humanos y derivados del cambio climático”, al tiempo que alerta de una mayor frecuencia de las lluvias torrenciales e inundaciones, lo que disminuye la periodicidad de las “grandes riadas”, pasando de un episodio de este tipo cada siete años a cada cuatro años.

Las causas principales de inundaciones, según el informe, se centran en las “condiciones naturales del territorio”, pero sobre todo en la ocupación humana de riadas naturales y cauces de los ríos en su zona de inundación, fundamentada por desarrollos urbanísticos y modelos de agricultura de regadío. Asimismo, detalla que las zonas alteradas por la actividad humana “reducen o anulan casi siempre la capacidad de infiltración” del agua, que es sustituida por redes de drenaje artificial.

En este punto, califica como “media” la capacidad de infiltración en Málaga y Estepona, “baja” en Mijas y “muy baja” en Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Nerja. Respecto al factor cambio climático, afirma que “no es posible demostrar su relación” con las inundaciones, ya que estos episodios ocurren en “escalas cortas de tiempo”.

No obstante, los efectos de las variaciones globales del clima “pueden agravar las consecuencias de las inundaciones”: la sucesión de más rachas secas pueden reducir la biomasa o aflorar el suelo desnudo, lo que favorece los procesos de escorrentía y erosión. Así, se localiza una zona centroriental con mayor aridez, una occidental con más lluvias, y toma como referencia el Guadalhorce, “donde se prevé que las precipitaciones sean más intensas y erosivas”.

FACTORES Y PGOU

El estudio de Madeca analiza tres factores como determinantes de las inundaciones: el peligro, que son las circunstancias naturales climáticas, metorológicas u orográficas; el riesgo, aquello que condiciona negativamente la integridad humana y provoca impactos económicos, sociales o medioambientales; y la vulnerabilidad, definido como las circunstancias de una comunidad que la hacen susceptible a los efectos dañinos de estos episodios.

Según ha explicado Florido, estos factores se combinan de manera que “frente al peligro de inundaciones, el riesgo es diferente según el grado de vulnerabilidad, que depende del tipo de ocupación del espacio y del modelo de ordenación territorial”. Por este motivo, el informe realiza un repaso de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios objeto de estudio que arrojan “resultados diversos”, aunque Madeca apunta que “es necesaria la adaptación de los planes en materia de inundaciones de los municipios”, exceptuando Fuengirola, porque “incorpora en su plan general toda la normativa”.

En el caso de Málaga capital, el PGOU incorpora tras la revisión de 2011 la legislación vigente sobre inundaciones, incluyendo un Informe de evaluación estratégica ambiental que permite identificar y analizar las áreas de mayor riesgo; pero el estudio recomienda un apartado específico sobre prevención de avenidas. Estepona sí está adaptado a la normativa de inundaciones aunque “de manera somera”, ya que las disposiciones sobre inundaciones se encuentran en los anexos. Marbella, por su parte, tiene un PGOU que se remonta a 1986, y se está ultimando la aprobación de uno nuevo que incluye las normativas adecuadas.

En Torremolinos, está en vigor el PGOU de 1996, pero existe ya la aprobación provisional en 2016 de uno nuevo completamente adaptado a la legislación vigente. En cuanto a Mijas, Rincón y Vélez, pese a tener aprobada la revisión de sus PGOU conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, no incorporan aún lo dispuesto en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, ni en el texto refundido de la Ley de Aguas.

En este punto, Florido ha asegurado que los resultados de este estudio van a ser trasladados a los ayuntamientos, al tiempo que ha indicado que “estamos preparando jornadas de trabajo en noviembre para que pongamos en común y analicemos más a fondo este estudio”, incluyendo también a la Administración autonómica.

RECOMENDACIONES FINALES

Por último, el estudio aporta unas recomendaciones y propuestas de mejora para la prevención, planificación, gestión y reconstrucción en caso de catástrofe natural. Entre ellas, han resaltado “las actuaciones hidráulicas en la red de drenaje, limpieza y mantenimiento de la cubierta vegetal, una labor de divulgación y pedagogía hacia la población o mejorar la educación medioambiental”.

En este sentido, ha calificado como “fundamental” fomentar la aplicación de las obligaciones de las diferentes administraciones competentes en conservación y mantenimiento de los cauces de los arroyos y ríos, así como consolidar un sistema de revisión y mantenimiento adecuado de los cauces fluviales. En lo que se refiere a las medidas en las cuencas, el estudio de Madeca propone la restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas; la restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas; y el tendido de taludes y pequeños refuerzos estructurales que estabilicen las zonas erosivas próximas a infraestructuras.

“Del mismo modo es clave la retirada de acumulaciones de vegetación muerta, especies invasoras o tapones; la mejora del estado fitosanitario y vegetativo de la vegetación de ribera; o la eliminación de barreras en mal estado”, ha apuntado Florido. El estudio destaca que han proliferado “las normativas de planificación, prevención, actuación y rehabilitación” en las diferentes administraciones, siendo once en total, cuatro europeas, cinco estatales y dos autonómicas, todas ellas aprobadas entre 2001 y 2017.

Sin embargo, se detecta “un déficit de legislación marco” sobre riesgos naturales en Andalucía, donde la Ley de Aguas y la Ley de Gestión de Emergencias cubren aspectos diferentes, aunque complementarios, de una catástrofe por inundaciones. “Este hecho es incomprensible e implica una falta de visión y gestión del riesgo natural como un conjunto, ya que de una catástrofe natural suelen surgir otras, como por ejemplo tras un incendio se puede dar una inundación, lo que agrava las consecuencias”, ha apostillado Florido.

En definitiva, se propone ampliar los consensos para desarrollar planes locales de riesgo en las cuencas, así como y apoyar los procesos de adaptación de los PGOU a los criterios de sensibilidad ambiental. También se considera necesario diseñar sistemas de alarma y actualizar los planes de emergencia municipales.