El Estado deberá pagar 11 millones más cada seis meses mientras 17 municipios, entre ellos Nerja, sigan sin depurar sus aguas residuales

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España ha sido condenada este miércoles por el Tribunal de Justicia de la UE a pagar una sanción de 12 millones por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas. En concreto, los incumplimientos a los que hace referencia la sentencia son en 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas.

En Andalucía son: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.

El tribunal, además, condena a España a pagar otros 11 millones de euros cada seis meses mientras no se resuelvan los problemas en todos los casos. A día de hoy, según la Comisión Europea y el tribunal, en nueve de esos 17 casos los problemas no se han solventado. Se trata de localidades fundamentalmente de Andalucía, aunque también hay un caso de Canarias y otro de Asturias.

El tribunal europeo resalta que “el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante”. Y añade: “con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija” la directiva que España ha incumplido.

La sanción llega después de que la Comisión Europea demandará a España en abril de 2017, tras un sinfín de avisos, cartas de emplazamiento e incluso una condena, aunque sin multa, del mismo tribunal en 2011. Aquella sentencia hacía referencia al incumplimiento en 37 aglomeraciones.

España tiene abiertos varios expedientes por incumplimientos de la directiva europea de tratamiento de las aguas residuales urbanas, que data de 1991. Pero el caso sobre el que se ha pronunciado miércoles el Tribunal de Justicia de la UE hace referencia a las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes –la norma es más o menos estricta en función del tamaño de las localidades–. La directiva de 1991 establecía que los municipios de más de 15.000 habitantes tenían que cumplir con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para evitar que se vertieran aguas residuales sin control a los ríos o mares. Y la fecha tope que se daba era el 1 de diciembre de 2000.

 

Pero España no cumplió ni en 2001 ni en 2010. La Comisión Europea demandó entonces al país ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y España fue condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Pero aquella primera sentencia, como ocurre en los procesos sancionadores de la UE, no acarreaba multa alguna. La Comisión dio a España un nuevo plazo para que esos 37 municipios cumplieran con la directiva de 1991. El plazo expiró el 31 de julio de 2013, pero 17 aglomeraciones –con una población aproximada de 1,4 millones– seguían sin depurar correctamente, explican fuentes de la Comisión.

Bruselas esperó aún casi cuatro años más para llevar a España ante la justicia. Pero, tras constatar el “deficiente progreso registrado”, demandó a España en abril de 2017. Y esta vez la Comisión pidió una sanción “a tanto alzado” que ascendía a más de 50 millones de euros. Además, mientras persistan los problemas en todas las localidades denunciadas, Bruselas solicitaba una multa diaria de 171.217,2 euros.

En estos momentos, según la Comisión, nueve de las 17 aglomeraciones no han rematado las obras de depuración. En algunos casos, a las depuradoras solo deben resolver permisos administrativos para entrar en funcionamiento. En otros casos, más complicados, las obras ni siquiera han comenzado.

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