IU registra moción de rechazo a la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y en favor de la creación de una banca pública

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El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.

Este fallo responde a un pleito que mantenía la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, entidad que preside Pedro del Cura, también Alcalde de esta localidad gobernada por Izquierda Unida, con la Comunidad de Madrid, perceptora del tributo. El Alto Tribunal sentencia ahora a favor de la Empresa municipal, al tiempo que cambiaba su propia doctrina y varía la jurisprudencia hipotecaria.

Sin embargo, tan solo un día después el Tribunal Supremo suspendía de manera insólita el fallo de la Sala Tercera por su “grave repercusión económica y social” y aplazaba la decisión final para el Pleno que se celebraría el 5 de noviembre.

El 6 de noviembre, en menos de un mes, conocíamos que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo –convocado de forma irregular– enmendaba la doctrina consolidada por la sección del Tribunal experta en materia tributaria para favorecer a la banca privada. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y ha decidido que sea el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas (el impuesto de Actos Jurídicos Documentos). Sin duda hemos asistido a una de las maniobras que más claramente han evidenciado la subordinación del Poder Judicial ante los intereses de la banca privada.

Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras la ciudadanía ve cómo se empobrecen sus condiciones de vida, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios’.

Tan solo bastaron 24 horas para que la banca se impusiera y dejara sin efecto la decisión adoptada el 18 de octubre. Finalmente, y en menos de un mes, el Tribunal Supremo se ha plegado a los intereses de la banca y además lo ha hecho de forma irregular, pues ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de esas sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario.

Desde Izquierda Unida explican en el comunicado ” entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria”.

Explican que “Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”.

Es por ello, que durante el próximo pleno esta formación defenderá una moción de repulsa a la última decisión del Supremo en relación al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

La propuesta incluye un segundo punto donde instamos al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. “Es imprescindible que nuestro país ponga en marcha una banca pública para desarrollar una política industrial coherente, favorecer a las pymes, facilitar el acceso a la vivienda, poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente” han afirmado.

Recientemente, desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso ya venimos defendiendo también la creación de un polo de banca pública de depósitos de inversión a partir de Bankia y su fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En una proposición no de ley, desde el grupo confederal del que Izquierda Unida forma parte, se abogaba por no privatizar Bankia y que su prioridad sea la de financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo.

España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24% y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe ‘Repensando el papel del Estado en las finanzas’, mencionaba “el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito” o “la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”.

Concentraciones.

Desde IU también han avanzado que este sábado estarán en la calle junto a los vecinos, participando en las concentraciones fijadas para las 18:00 horas en el conjunto del estado. En la capital de la comarca de la Axarquía la concentración tendrá lugar en C/ Eugenio Morales Jurado (frente a los Juzgados de Vélez-Málaga).

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