La Fiscalía considera que la causa por el vertedero de Nerja debe seguir contra 13 investigados

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La Fiscalía de Málaga considera que la causa sobre el vertedero supuestamente ilegal en la localidad malagueña de Nerja debe seguir solo contra 13 de los investigados, por lo que entiende que el resto debe quedar fuera, incluido el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, respecto del que no se opone al archivo provisional del caso.

Así se ha pronunciado en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), que investiga esta causa, y que ahora deberá decidir al respecto. El ministerio fiscal señala que las investigaciones practicadas hasta ahora “confirman los hechos relatados” en su escrito de querella inicial.

En este sentido, el fiscal considera que el procedimiento debe continuar sólo por los delitos medio ambiental y de prevaricación respecto de seis empresas y 13 personas, entre ellas, el ex alcalde José Alberto Armijo, apuntando que “bajo su mandato se inició la explotación del vertedero”; y la actual alcaldesa, pues “tuvo conocimiento de la existencia del mismo, no adoptando decisión alguna para su paralización”.

También considera que debe seguir contra varios empresarios, tres ex concejales y una funcionaria de la Administración andaluza; y que tanto el Ayuntamiento de Nerja como la Junta de Andalucía “deben permanecer en la causa como posibles responsables civiles subsidiarios”.

Respecto al delegado de Medio Ambiente, señala que no se opone al sobreseimiento provisional pedido por su defensa, porque “consta que no tiene conocimiento de la existencia del vertedero hasta agosto de 2016 -perdido en un cajón el informe de 2014 que debió dar lugar a la incoación de un expediente sancionador-.

Para el fiscal, los informes que existen en el procedimiento confirman “un elevado riesgos de alteración en el equilibrio de los sistemas naturales y sobre el medio, las afecciones patentes sobre el paisaje, el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, así como el notable riesgo de incendio forestal”.

Además, apunta también “al riesgo de causar daños sustanciales a la calidad de las aguas, del suelo, de las formaciones vegetales y la fauna asociada, e incluso, a la salud de las personas”. “En consecuencia la existencia del vertedero, la contravención con normativas ambientales, sus dimensiones y el peligro potencial que el mismo representa está más que acreditado” para el fiscal, indica en el escrito, apuntando sin embargo que no se ha podido acreditar la existencia del delito de falsedad que se incluyó al inicio.

Tampoco ha quedado probado, considera la acusación pública, en su escrito adelantado por el diario ‘SUR’, el delito de estafa inicial, pues “no se ha acreditado que el vertedero produjera directamente un beneficio económico a las empresas que lo gestionaban, siendo su verdadero beneficio el de disponer de un lugar cercano donde verter residuos de su actividad”.

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