La Fiscalía rebaja la pena de prisión para el ex alcalde de Alcaucín a cuatro años

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La Fiscalía ha rebajado la pena de prisión José Manuel Martín Alba, exalcalde de Alcaucín de nueve a cuatro años, al haber retirado la acusación de estafa que se le artibuía en la causa juzgada: permitir viviendas supuestamente irregulares al estar en suelo no urbanizable. No obstante, el fiscal sí mantiene los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

Por otra parte, han sido retirado los cargos contra otros tres procesados (el arquitecto, el constructor y un arquitecto técnico) por parte del Ministerio Público. Los tres, al no pesar ninguna acusación contra ellos, han podido abandonar la sala antes del término del juicio.

A los tres principales acusados se les mantiene la acusación  por los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.

Sin embargo, a uno de los acusados sí se le atribuye el delito de estafa, ya que participó a título lucrativo, según el fiscal, “aunque no participó de forma directa en el engaño que posibilitó la compra de las parcelas por parte de los perjudicados, y tampoco lo hizo en la promoción y en la construcción de las viviendas, sí obtuvo beneficios gracias a la operación de venta”.

Según el fiscal, uno de los principales acusados levantó su propia vivienda en dicha parcela y posteriormente vendieron las otras tres a extranjeros prometiéndoles la posibilidad de edificar construcciones de tipo residencial, aún conociendo su ilegalidad.

El juicio de la operación “Arcos” ha comenzado este mes en la Audiencia de Málaga. Los acusados son 48 personas, aunque los hechos se remontan a 2002, cuando fueron descubiertos por el Ayuntamiento al tomar posesión la nueva corporación municipal.

Según ha indicado el ministerio público, el exalcalde colaboró con los tres principales procesados en la concesión de licencias, ya que se concedía o se denegaban con un sí/no procede al dorso de la solicitud,  sin la aportación de informes de ningún tipo.

Aunque las licencias, en estos cuatro casos, no se concedieron formalmente, ya que no se rellenaba el apartado correspondiente, las viviendas fueron construidas con el consentimiento de Martín Alba, por lo que según entiende el fiscal el exregidor no ejercitó sus competencias en materia urbanística de forma temporal. También dio permiso para el enganche a la red eléctrica y de aguas de alguna de ellas.

El suelo en el que se construyeron las viviendas era “suelo de carácter natural o rural definido por la LOUA” por lo que era no urbanizable.

En relación  a la responsabilidad civil, el ministerio público ha pedido la demolición de las viviendas y la indemnización por parte de los tres principales acusados  a los compradores de las parcelas con las cantidades entregadas, que suman 490.500 euros. .

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