La Junta prevé poner en marcha la Oficina de judicial y fiscal antes de 2017

El consejero asegura en el Parlamento que Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en la tramitación digital de los procedimientos

La Junta prevé poner en marcha la Oficina de judicial y fiscal antes de 2017



El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado en el Parlamento que, durante este año, se prevé aprobar la Oficina Judicial y Fiscal en Vélez-Málaga junto a las de El Ejido (Almería) y la Fiscalía de Sevilla, sedes que funcionan en la actualidad como proyectos piloto.

De Llera ha destacado en el Pleno del Parlamento que el pasado 5 de abril, en la Mesa Sectorial de Justicia, se cerró un acuerdo con la mayoría de las organizaciones sindicales representantes del personal funcionario de Justicia, que ratificaba su apoyo a las órdenes de implantación y las relaciones de puestos de trabajo de las experiencias piloto.

La Oficina Judicial y Fiscal supone un cambio sustancial de la estructura vigente de la Administración de Justicia, disgregada y atomizada, estableciendo otro modelo orientado a la racionalización y a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. Una vez finalizado el trámite de alegaciones se procederá a la aprobación provisional por orden de la Consejería y se culminará con la aprobación definitiva del Ministerio y la publicación en BOE y BOJA, que previsiblemente será a lo largo del último trimestre de 2016.

De Llera ha apuntado que Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas más avanzadas en la tramitación digital de los procedimientos, con todos los órganos judiciales y oficinas de registro y reparto integrados en LEXNET y el 92% de los órganos judiciales utilizando la firma electrónica.

A la firma electrónica se suman el documento judicial electrónico y la puesta en marcha del visor de expedientes, aplicación está última que se está adaptando a las salas de vistas. Actualmente, Andalucía cuenta con 109 salas con portátiles conectados a las pantallas de las videoconferencias para visualizar los documentos durante el juicio. A finales de julio, se dotará al resto de salas hasta alcanzar las 435 salas. Además, está prevista, para noviembre, la implantación de la Sede Judicial Electrónica.

“El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería se ha constituido en el primer ejemplo de juzgado sin papeles, con la totalidad de los expedientes judiciales digitalizados”, ha dicho el consejero, que ha recordado que “para todas las actuaciones tecnológicas en materia de Justicia contaremos con 30 millones de euros de financiación procedente de fondos europeos del presente marco”.

En relación con las sedes judiciales, De Llera ha informado de que “la revisión a la baja de los contratos de arrendamiento que hemos aplicado en los últimos años, junto a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad, han dado como resultado un ahorro de más de cinco millones de euros en rentas”.

En materia de refuerzos el consejero también ha subrayado los planes de actuación y refuerzo aprobados por el Consejo General del Poder Judicial en las jurisdicciones mercantil, social y penal que supone, a día de hoy, que los jueces y tribunales cuentan ya con 184 interinos de refuerzo, 46 más que hasta ahora.

Junto a todas estas medidas, De Llera ha trasladado a los parlamentarios el impulso que la Consejería está dando a la mediación con los puntos de información sobre mediación en los juzgados andaluces, así como el compromiso de la Junta con la justicia gratuita.

Los datos ponen de manifiesto el excelente resultado del proyecto de los puntos de información que, hasta principios de julio, ha recibido más de 1.000 casos. Tras el proyecto piloto de Málaga, se ha trazado una hoja de ruta tendente a la extensión de estos puntos de información a todas las provincias andaluzas. Hasta la fecha, ha dicho, “hemos presentado el proyecto junto con el presidente del TSJA en todas las provincias andaluzas, quedando sólo Granada donde se presentará en septiembre”.

En 2015, último ejercicio cerrado, Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor inversión en justicia gratuita después de Cataluña. Actualmente, la Consejería está al día en los pagos y en fase de negociación de los nuevos módulos con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y con el de Procuradores.

Realidad de la Justicia en Andalucía

De Llera ha trasladado al Pleno que los indicadores de la actividad judicial determinan un mapa marcado por la alta litigiosidad, la más elevada del Estado. “Si la tasa en el conjunto de España ha sido de 179,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA es de 209,4 cifra muy superior al promedio nacional. Si bien esta tasa ha disminuido en un 4% en relación a 2014, sigue reflejando un porcentaje de ingresos demasiado elevado”, ha dicho.

“Por otro lado, la tasa de resolución ha sido del 1,02, lo que indica que se han resuelto más asuntos de los ingresados, quedando de manifiesto el buen trabajo de nuestros jueces, fiscales, letrados y funcionarios, dotados de los medios necesarios para que puedan desarrollar su función”, ha señalado.

Andalucía cuenta con el segundo presupuesto destinado a Administración de Justicia en número absolutos del Estado, detrás de Cataluña, con un incremento del 4,3% sobre la dotación en 2015. En cuanto al ámbito de los recursos humanos, la plantilla está cubierta al cien por cien por 8.000 profesionales, con un índice de interinidad del 9%, uno de los más bajos del Estado.

En este sentido, el consejero ha desmentido las afirmaciones sobre una reducción de 1.000 empleados públicos. “A la fecha contamos con 8.001 empleados y hace cuatro años eran de 7.972. Como ve, si analizamos con un mínimo de diligencia los datos, no se ha producido esa reducción de mil personas a la que se refiere”, ha rebatido De Llera.

El consejero ha reiterado que el Gobierno andaluz mantiene un fuerte compromiso con los empleados públicos. “Por el contrario, en el ámbito de la Justicia, el Gobierno del Estado eliminó de facto mil quinientos jueces que reforzaban los juzgados cubriendo las vacantes, las bajas por maternidad y demás contingencias comunes de los jueces de carrera, suponiendo estos el 20% de la plantilla judicial”, ha explicado.

Para terminar, el consejero ha recordado que la planta judicial en Andalucía a uno 1 de enero de 2016 ascendía a 922 jueces, lo que supone una ratio de 10,5 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional, situada en un 11,1. “Para situarnos en la media europea”, ha terminado el consejero, “tendríamos que contar con 900 jueces más en Andalucía”.