Más de 55.000 viviendas en suelo no urbanizable, según Diputación

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La Diputación de Málaga inicia la puesta en marcha de una  nueva herramienta informática para facilitar a los ayuntamientos un mejor control de las edificaciones (viviendas, piscinas o naves) en suelo no urbanizable (SNU). Se trata de un geoportal que permitirá realizar a los técnicos municipales consultas sobre esas construcciones y todos sus datos asociados de forma rápida.

En este geoportal se volcará toda la información sobre los inventarios de edificaciones en SNU que ha realizado la Diputación de Málaga. Hasta ahora, se han realizado inventarios en 39 municipios de la provincia, detectando unas 55.000 edificaciones.

En algunos municipios de la comarca de la Axarquía, Alcaucín, Arenas, Periana y Sayalonga), se han contabilizado más de 2.000 viviendas.

Hoy se han entregado a los alcaldes de Arenas, Benarrabá, Canillas de Albaida y Cuevas Bajas los documentos que se han elaborado en sus municipios, y también van a redactarse documentos similares en Alozaina, Arriate y Periana.

Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

El control sobre las edificaciones en SNU ha vuelto a la actualidad después de que el 20 de julio pasado el Parlamento andaluz aprobó el proyecto de ley que modifica tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que permite regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.

Los cambios introducidos en esta norma facilitarán que las edificaciones en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística puedan regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén afectadas por expedientes administrativos y no se encuentren ubicadas en zonas inundables o de especial protección.

Además de la modificación de los artículos, la norma incluye también una disposición para reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable. En este sentido, se establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, instrumento necesario para la identificación de las viviendas, así como el Inventario de edificaciones en aquellos municipios que aún carezcan del mismo.

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