Podemos Vélez-Málaga muestra su preocupación por la tardanza con que el Ayuntamiento paga a sus proveedores

Podemos Vélez-Málaga muestra su preocupación por la tardanza con que el Ayuntamiento paga a sus proveedores



Esta formación ya lo señaló, así lo traslada hoy en nota de prensa a los medios, en su escrito de alegaciones al presupuesto municipal de 2017 como uno más de los elementos de revelaban la falta de realismo del documento económico finalmente aprobado por el equipo de Gobierno municipal.  La regla fiscal del Periodo Medio de Pago es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por aplicación del principio de sostenibilidad financiera y nuestro consistorio está muy lejos de atender sus compromisos dentro de unos márgenes mínimamente razonables.

Añade Podemos Vélez-Málaga que ” si en febrero, según datos de la Secretaría de Estado de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento se situaba en 101,51 días, a fecha de abril del presente año este superaba ya los 114 días, casi cuatro meses, cuando la ley establece el límite en 30. En este caso, la situación de asfixia financiera que viven muchos ayuntamientos a causa de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el ministro Montoro en 2013 no sirve de excusa si comparamos el dato que arroja nuestro municipio con el de otros consistorios, como Fuengirola o Marbella, que alcanzan los 80 y 46 días respectivamente.  Málaga, por su parte, paga prácticamente al día”.

Resulta para Podemos evidente que la gestión económica-financiera de la Concejalía de Hacienda deja mucho que desear con lo que esto supone de quebranto para quienes  (en la mayoría de los casos pequeños empresarios y autónomos), esperan y desesperan para cobrar los servicios prestados. Tal es así que no escasean quienes directamente prefieren no trabajar para la Administración Local ante la imposibilidad de asumir la incertidumbre económica que les genera el no saber cuándo les van a abonar sus facturas.

Pero junto a lo anterior hay que destacar otro aspecto. Y son las consecuencias legales que esto puede acarrear toda vez que esta elevada morosidad hace saltar una alerta a los organismos autonómicos y estatales que fiscalizan y tutelan las cuentas de nuestro ayuntamiento, que podrían llegar a adoptar medidas de tipo correctivo e incluso coercitivo y sancionador si no se endereza el rumbo. Medidas que podrían suponer, por ejemplo, la retención de las transferencias que estas administraciones hagan al Ayuntamiento para ser ellas quienes paguen las facturas.