Podemos Vélez-Málaga solicita invertir un mínimo del 5% del PIB andaluz en educación

El círculo municipal de Podemos insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir que se destine al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria

Podemos Vélez-Málaga solicita invertir un mínimo del 5% del PIB andaluz en educación



Coincidiendo con la huelga educativa convocada para este jueves 9 de marzo, el grupo municipal de Podemos, junto con colectivos, plataformas y organizaciones que integran el Movimiento Andaluz por la Educación Pública, ha registrado  una solicitud en el Ayuntamiento con el objeto de alcanzar  un compromiso escrito de no realizar más recortes en educación; la eliminación de las contrarreformas en todas las etapas educativas y la recuperación de los recursos humanos y materiales perdidos en Educación. El círculo de Podemos en Vélez-Málaga pide asimismo que se destine al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria.

En la alegación de motivos, la formación morada indica que debido a la reducción “importantísima” en el gasto público dedicado al sistema educativo desde 2009 “se hace necesario establecer una suerte de `cláusula suelo ´o de mínimo presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluza”. Para ello, instan al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un precepto que garantice que se destina al menos un 5% del PIB andaluz al presupuesto anual para financiar la educación no universitaria.

Esta reforma posibilitaría, según Podemos, la recuperación de empleo público; la bajada de ratios; la mejora de la atención educativa de alumnado con dificultades para el aprendizaje; la  dotación de monitores de educación infantil; la renovación de equipamientos TIC y la mejora de las infraestructuras “que en algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que son de competencia autonómica”.