PSOE de Andalucía alerta del plan de la UE que limita la pesca del salmonete, merluza y cigala por poner en riesgo el empleo y por la subida de precios

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El secretario de Mundo Rural, Política Agricultura y Pesca de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, y el portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, acompañados por diputados socialistas de las provincias mediterráneas del litoral andaluz, han denunciado el plan de la UE que limita la pesca de salmonete, merluza y cigala por poner en riesgo numerosos puestos de trabajo.

El diputado Pradas señala que esta medida “puede provocar la escasez de pescado y por tanto una subida significativa en sus precios”, por su parte, Heredia destaca “el efecto negativo que puede tener para nuestro sector turístico, ya que muchos días podría no haber pescado fresco”.

La Política Pesquera Común, que establece el Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, tiene entre sus objetivos alcanzar una explotación sostenible de los recursos pesqueros, garantizando la estabilidad de los ingresos y los puestos de trabajo de los pescadores. Dentro de este marco normativo el Reglamento (CE) Nº 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 establece las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo.

En este sentido, el Ministerio ha regulado la actividad pesquera en el Mediterráneo a través de órdenes ministeriales, siendo la última la Orden AAA/2808/2012 que establece un Plan de Gestión Integral para las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores.

Pradas y Heredia señalan que entre las distintas flotas que realizan la actividad pesquera en el Mediterráneo, se encuentra la flota de arrastre. Una flota compuesta por 92 buques con base principalmente en los puertos de Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga, Motril, Adra, Almería y Garrucha, y la captura de especies como la merluza, el salmonete, la gamba roja y el jurel es de gran relevancia económica. Desde el punto de vista del empleo, estos barcos enrolan una media de 6 marineros, generando un total de 500 puestos de trabajo directos.

Durante los últimos años la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que el resultado de las evaluaciones científicas refleja un alto grado de sobreexplotación, y pone en evidencia la falta de sostenibilidad en la explotación de los recursos pesqueros.

Por ello, y para cumplir con los objetivos principales de la Política Pesquera Común, que entre otros contempla alcanzar el rendimiento máximo sostenible en 2020, resulta necesario que la nueva regulación contemple nuevas medidas encaminadas a reducir el esfuerzo pesquero para garantizar una explotación racional de los recursos pesqueros.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de Orden por la que se establece un plan de gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. En su articulado se contempla una limitación del esfuerzo pesquero, con una reducción del 10% respecto al número máximo de días que se hayan pescado en años anteriores, fijando una cifra para 2018 que será revisada en años sucesivos con reducción del 10% anual. Esta reducción se realiza sobre el esfuerzo teórico y no tiene en cuenta la actividad real ejercida.

Estas reducciones, según Heredia y Pradas, pueden poner en riesgo la viabilidad y rentabilidad económica de la flota de arrastre del Mediterráneo, ya que puede suponer que se rebase el umbral mínimo de días a partir del cual los rendimientos obtenidos por la flota se reducen exponencialmente.

Para el Grupo Socialista resulta imprescindible que las nuevas medidas que se vayan a implantar garanticen tanto la sostenibilidad del recurso como de la actividad pesquera, manteniendo todos los puestos de trabajo de los pescadores andaluces.

Por todo ello los diputados socialistas han registrado una Proposición no de Ley donde instan al Gobierno a “introducir las modificaciones necesarias en la normativa de gestión de los recursos pesqueros del Mediterráneo, para que las reducciones del esfuerzo pesquero se realicen mediantes cálculos reales, y que a su vez garanticen un número de días de pesca que compatible con la sostenibilidad de la actividad y del recurso”.

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