PSOE reclama mejores medidas contra los robos en el campo malagueño

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Los socialistas han mostrado este miércoles su preocupación por los robos en el campo malagueño, especialmente, en la Axarquía, Estepona y Valle del Guadalorce. En su exposición ante los medios, han comentado que los agricultores y ganaderos malagueños están soportando durante los últimos años un importante número de robos, hurtos y saqueos en sus explotaciones.

Desde 2012 se han reducido las plantillas en la Guardia Civil, especialmente en su despliegue en el medio rural, concretamente en la provincia de Málaga han descendido en un 5%, pasando de 2.113 agentes en 2011 a 2012 agentes en 2017. A esto se une la cada vez más habitual actuación de grupos organizados, verdaderos grupos criminales, que se dedican a la sustracción de productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones.

Es pues imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente, la de los ciudadanos en el medio rural, así como de las explotaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio que, por lo general, se encuentran en grandes extensiones de terreno y casi siempre en la demarcación territorial que cubre la Guardia Civil.  Además, presentan unas características singulares que las hacen vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, se ubican en zonas despobladas y no suelen contar con medidas de seguridad.

Del mismo modo, en muchas ocasiones se encuentran alejadas de las vías de comunicación y es habitual que sus propietarios no vivan cerca de las mismas, por lo que es normal la ausencia de testigos.

No hay estadísticas oficiales que informe con rigor sobre el incremento de los robos en el campo, ya que el Gobierno no informa sobre el tema y cuando se pregunta al respecto a través de preguntas escritas remite a la página web del Ministerio y a sus estadísticas criminales. Estadísticas que no facilitan información alguna sobre este tema.

Pero basta con hablar con cualquier organización agraria o informarse a través de los medios de comunicación autonómicos o provinciales para que nos encontremos con datos escalofriantes.

De hecho, en las últimas semanas, distintos sindicatos agrarios de la provincia de Málaga han mostrado su preocupación, una vez más, por el incremento en los robos en las explotaciones agrícolas, fundamentalmente en las comarcas de la Axarquía, Estepona y Valle del Guadalhorce.

Productores de aguacates de la Axarquía están recurriendo a la vigilancia privada para evitar los robos y se quejan de la gran cantidad de sustracciones que se están registrando en el campo debido al alto precio del fruto. Con cotizaciones en el campo por encima de los 2,5 euros el kilo y hasta tres para los calibres más grandes, las explotaciones de aguacates de la provincia se han convertido en pasto de los ladrones, con robos casi a diario de frutas, debido a la falta de vigilancia en el medio rural que hay en muchos municipios, denuncian las organizaciones agrarias.

En el caso de Estepona, los agricultores del municipio están sufriendo numerosos robos, aunque no todos denuncian. Desde la Cooperativa Agrícola de Estepona advierten que desde septiembre se están produciendo robos. Estiman que, desde esa fecha y hasta el día de hoy, se han sustraído unos 10.000 kilos de aguacates, lo que supone unas pérdidas de 25.000 euros, a lo que hay que sumar los daños por los destrozos ocasionados en las fincas.

También se han registrado robos recientes en parcelas del Valle del Guadalhorce, concretamente en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Alora y Pizarra de aguacates, pero también de limones, mandarinas y naranjas, productos que se encontraban en plena recolección y cuyo valor de mercado era alto.

A lo largo del año estos robos afectan en muchos casos al 20% del total de la cosecha, y apunta que en la provincia de Málaga esta situación la sufren sobre todo productos como los mangos, los aguacates, las chirimoyas y la aceituna de mesa. A la pérdida de la cosecha después de duros meses de trabajo, hay que añadir los destrozos que se producen en las fincas en bienes materiales.

En la IX Legislatura (2008-2011) se pusieron en marcha planes específicos para combatir determinadas modalidades delictivas, entre ellas las infracciones penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Y en mayo de 2011 se puso en funcionamiento un plan con medidas que para mejorar la seguridad en el campo, y hacer frente al repunte de los robos que en ese momento se estaba registrando en instalaciones agrícolas y ganaderas y que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden tener graves consecuencias para los propietarios al perturbar el funcionamiento de la explotación.

Desde el comienzo de su mandato, el único Plan impulsado por el Gobierno del PP no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del Interior ni siquiera se ofrecen datos sobre los efectos que ha provocado este plan. Significativo es el caso de los equipos ROCA de la Guardia Civil.

Por último, y no menos importante debemos tener en cuenta que la Normativa Legal que actualmente da cobertura a la política de seguros, que se contiene en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, no contempla entre los riesgos garantizables por el sistema de seguros agrarios, las pérdidas que para el agricultor pudieran derivarse de robos o hurtos.

El objetivo inicial de la Ley fue el garantizar los daños derivados de riesgos climáticos o naturales sobre las producciones agrarias y desde el año 2010, como consecuencia de la modificación de la citada Ley, incluida en la Ley 3/2010, es posible, también, garantizar los daños derivados de dichos fenómenos naturales sobre las instalaciones presentes en las parcelas.

Las compañías aseguradoras privadas ofertan, al margen del sistema de seguros agrarios y, por tanto, sin ningún tipo de apoyo público, la cobertura de este tipo de daños por lo que, en teoría, los agricultores podrían recurrir a esas Entidades para la cobertura de estas pérdidas.

Pero bien es cierto que el acceso real de los agricultores, en especial de los pequeños y medianos, es cada vez más difícil ya que las condiciones que exigen las Entidades Aseguradoras en muchas ocasiones impiden a estos la contratación del seguro.

En la medida en que se incrementan los robos y hurtos el coste del seguro cada vez es más elevado y las condiciones contractuales están siendo endurecidas, lo que da lugar a que muchos agricultores no encuentren ninguna compañía aseguradora que esté dispuesta a formalizar el contrato de seguro.

Con la previa modificación de la Ley 87/1978, para dar cabida a este tipo de riesgos, sería posible incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios, y ello constituiría un apoyo efectivo, en especial para los pequeños y medianos agricultores, para la compensación de las pérdidas que pudieran sufrir en sus explotaciones a consecuencia de robos , es por ello que el PSOE de Málaga insta al Gobierno como así recoge la nota enviada a los medios a:

1. Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número suficiente de recursos materiales y humanos que garanticen la seguridad en el medio rural de la provincia de Málaga.

2. Impulsar acuerdos con las Corporaciones Locales para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia en el campo, cooperando con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

3. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de prevención, reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de captación de información y de elaboración de inteligencia específica.

4. Celebrar Juntas de Seguridad locales, con una periodicidad suficiente como para lograr el máximo conocimiento real de la situación para impulsar y conseguir una mayor eficacia en el servicio.

5. Facilitar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural en la provincia de Málaga como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Oficinas Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de seguridad privada, procurando la más fluida y constante interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.

6. Establecer, de forma sistemática, por parte de las Fuerzas de Seguridad, comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas.

7. Reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los agentes forestales, proporcionándose mutuamente información de interés relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan.

8. Planificar e intensificar inspecciones sobre establecimientos dedicados a la compra venta de objetos usados, tratamiento industrial de los productos hortofrutícolas (industrias, almazaras, etc.), o empresas de gestión de residuos, prestando especial atención a aquellas inspecciones libros de registro y control de los transportes de productos del campo (aceitunas, fresa, etc.).

9. Modificar la Ley 87/1978, para incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios.

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