martes 3/8/21

Andalucía pide al Gobierno central cambios en la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Igualdad acuerda con los agentes sociales pedir a los ministerios de Inclusión y Derechos Sociales que definan las tareas de cada Administración en los trámites de la prestación.

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La consejera Rocío Ruiz, con el resto de los firmantes del acuerdo. Foto: Archivo J.A.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el sindicato UGT-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Mesa del Tercer Sector y el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales al objeto de reivindicar al Gobierno central cambios sustanciales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, el documento firmado por las partes solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se definan con exactitud las tareas encomendadas a la Administración autonómica y a los gobiernos locales respecto a los trámites, "desde una acción colaboradora y de cogobernanza que permita ubicar adecuadamente la cuestión en el cuadro de competencias y contar con los instrumentos legales de financiación que se consideren oportunos", todo ello con el objetivo de favorecer a la población más vulnerable, beneficiaria de esta prestación.

El acto de la firma ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y, además de su titular, Rocío Ruiz, ha contado con la presencia de: el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez; el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, José Luis Sarasola; el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica de UGT Andalucía, Ramón Sánchez-Garrido; y el director de Relaciones Institucionales de la CEA, Luis Picón.

El documento firmado reconoce y suscribe "la importancia de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva", por lo que las partes firmantes consideran que cualquier tipo de trámite ha de ser gestionado a través de la propia Seguridad Social siempre que no se haya suscrito convenio de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.

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