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Olivar en Periana. Foto: Mikel Navarro

El sector olivarero exige un cambio legal en los plazos de pago para evitar su ruina

Sostienen que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo.

 

 

 

 

Hasta ocho organizaciones representativas del aceite de oliva de España han enviado una carta conjunta al ministro de Agricultura, Luis Planas. En ella reclaman una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria que evite «el hundimiento inminente del sector».

Este frente común sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo. Así,  esperan pérdidas para esta campaña cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40% de la industria transformadora del país.

El Ministerio de Agricultura cambió para la campaña 2019/2020 la interpretación de la norma. Esta obliga al pago del producto a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía. Antes,  se pagaba desde el momento en el que se fijaba el precio del producto.

Esta modificación suprime la libertad del agricultor de elegir el momento más adecuado para poner precio a sus aceitunas. Además, amenaza con provocar un perjuicio económico muy grave a todo el sector oleícola y, en particular al sector productor. Así lo indican las organizaciones firmantes de la carta.

 Respuesta inmediata

Las organizaciones firmantes de la carta enviada en agosto, reclaman a Agricultura una respuesta inmediata a su solicitud.

La solución propuesta por este frente común del aceite de oliva pasa por una transposición literal del artículo 3 de la Directiva (UE) 2019/633. Se trata de la relacionada con las prácticas comerciales desleales.  Esta, establece como práctica comercial prohibida los siguientes supuestos de pago a proveedores de productos perecederos:

A más de 30 días desde la entrega del producto; si las entregas son periódicas.

A más de 30 días contados a partir de que finalice el plazo de entrega acordado.

A más de 30 días, contados a partir de que se fije el importe pagadero de la mercancía.

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