¡Descubre cómo la nacionalidad indígena está luchando por su reparación en Ecuador y sepamos cómo podemos apoyar!

• La comunidad de Sinangoe, de la nacionalidad indígena ai cofán en Ecuador, se manifestó frente a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de las sentencias de reparación.
• La comunidad logró anular las concesiones mineras en su territorio y ahora exige la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 754, que acelera los trámites de proyectos de inversión, incluyendo los de petróleo y minería.
• El presidente de la comunidad, Wider Guaramag, recuerda que la sentencia apunta a una reparación integral de la zona afectada, donde ya hubo una devastación de más de 16 hectáreas por actividades de minería.
• La comunidad está cansada de la vulneración de sus derechos y la falta de reparaciones y eliminación de las concesiones mineras.
• Jorge Acero, de Amazon Fronlines, mencionó que los ministerios de Ambiente y Minas se han negado a cumplir con una sentencia firme de 2018, que pedía la eliminación de 52 concesiones mineras que afectarían más de 32,000 hectáreas de selva.
• La Alianza de Derechos Humanos exige a la Corte que haga realidad sus fallos y critica que la justicia que tarda y no se implementa, no es justicia.
• Los indígenas también han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, que consideran atenta contra sus derechos colectivos y pone en riesgo sus territorios al viabilizar el desarrollo de proyectos mineros y petroleros.

La lucha de la comunidad de Sinangoe por la reparación integral

La comunidad de Sinangoe, perteneciente a la nacionalidad indígena ai cofán, ha llevado a cabo una lucha continua por la reparación integral de su territorio, devastado por las actividades mineras. En una sentencia de hace unos cinco años, se apuntaba a la necesidad de esta reparación, tras la anulación de las concesiones mineras en el territorio de la comunidad. Sin embargo, a pesar de esta victoria legal, la comunidad ha tenido que manifestarse frente a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de las sentencias. El presidente de la comunidad, Wider Guaramag, ha recordado que la sentencia no sólo apunta a una reparación integral de la zona afectada, sino que también ordena la eliminación de las 20 concesiones mineras que fueron entregadas y que por el momento solo están suspendidas. Esta situación ha llevado a la comunidad a declararse cansada de la vulneración de sus derechos y la falta de reparaciones y eliminación de las concesiones.

El papel de los ministerios de Ambiente y Minas

Jorge Acero, de Amazon Fronlines, ha criticado la actitud de los ministerios de Ambiente y Minas, que se han negado a dar cumplimiento a una sentencia firme de 2018. Esta sentencia, de la Corte de Sucumbíos y ratificada por la Constitucional en 2022, obligaba a estos ministerios a eliminar y revertir del catastro minero ecuatoriano 52 concesiones que afectarían a una totalidad superior a las 32.000 hectáreas de selva y de zona virgen en la zona de pie de monte. Acero lamenta que en cinco años, el Ministerio del Ambiente no ha movido ni una sola piedra, ni ha tocado ni una sola de las piscinas que existieron por la afectación de esta actividad minera. Además, critica la indolencia de estos ministerios y su vulneración continuada de derechos ante el incumplimiento voluntario, consciente y reiterado de sus obligaciones para reparar los derechos de las comunidades y la naturaleza.

La demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754

Además de la lucha por la reparación integral de su territorio, la comunidad de Sinangoe también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754. Este decreto, que busca acelerar los trámites de proyectos de inversión en el país, incluyendo los de petróleo y minería, es visto por la comunidad como una amenaza a sus derechos colectivos. Los indígenas argumentan que nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informado para las concesiones. Además, consideran que el decreto pone en riesgo sus territorios al buscar viabilizar el desarrollo de proyectos mineros y petroleros que hacen parte de la agenda estatal.

La posición de la Alianza de Derechos Humanos

La Alianza de Derechos Humanos ha tomado partido en este conflicto, exigiendo a la Corte que haga realidad sus fallos y criticando la lentitud y falta de implementación de la justicia. Ana Vera, de la Alianza, ha afirmado que justicia que tarda y que no se implementa, no es justicia, en referencia a la situación de la comunidad de Sinangoe. Vera también ha destacado que este caso es emblemático para mostrar lo poco que cuesta destruir, en referencia a la devastación causada por la megaminería, y lo difícil que es reparar y restaurar, a pesar de que existan sentencias constitucionales. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una justicia más rápida y efectiva para las comunidades indígenas afectadas por las actividades mineras.