Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
La disputa territorial entre Venezuela y Guyana se centra en la Guayana Esequiba, una rica zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio, entonces bajo el dominio del Reino Unido. Venezuela protestó inmediatamente contra esta decisión y ha mantenido su reclamo hasta la fecha. Por su parte, Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, es el que rige esta controversia. Según Venezuela, este es el único instrumento jurídico vigente y depositado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para resolver el asunto de manera negociada y satisfactoria para ambas naciones.
El Gobierno de Venezuela acusa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de confabularse con Estados Unidos y Guyana en su contra. En un comunicado, Caracas repudió las declaraciones de Almagro, en las que el uruguayo pidió a Venezuela actuar con la misma madurez que Guyana y esperar en paz la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Según el Gobierno de Venezuela, las declaraciones de Almagro son una provocación que intenta desestabilizar la región.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido a las declaraciones de Luis Almagro, tachándolo de intervencionista. Maduro ha pedido a los venezolanos responder a Almagro con voto, en alusión al referendo consultivo que el país celebrará el 3 de diciembre. Con este referendo, Maduro espera anexionarse la Guayana Esequiba, la rica zona en disputa.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha planteado que sean los propios habitantes de la Guayana Esequiba, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano. Esta opción podría ser una solución pacífica y democrática a la larga disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Sin embargo, la realización de un referendo en la Guayana Esequiba requeriría la aprobación de ambas partes y de la comunidad internacional.