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El Ayuntamiento de Madrid ha sido duramente criticado por su gestión de las multas de tráfico en la M-30. Según informes de la empresa Dvuelta, el consistorio ha perdido 158 juicios relacionados con multas por exceso de velocidad en esta vía. Las sentencias han señalado la falta de pruebas suficientes y la actuación negligente del Ayuntamiento, lo que ha llevado a la anulación de los procesos y a la devolución del importe de las multas, así como el pago de las costas judiciales.
En los juicios, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz de demostrar la existencia de límites de velocidad específicos en la M-30, lo que ha llevado a la presunción de inocencia de los conductores multados. El consistorio se ha limitado a enviar fotocopias de planos de la vía, que han sido consideradas como pruebas insuficientes y de mala calidad por los jueces. Además, estos planos estaban fechados en diciembre de 2017, lo que los hace aún menos válidos como prueba.
Los jueces han criticado duramente la actitud del Ayuntamiento de Madrid, calificándola como un “desprecio” hacia los conductores. Además, han señalado que el consistorio no ha respondido adecuadamente a las alegaciones presentadas por los conductores multados, limitándose a enviar respuestas estereotipadas y sin tener en cuenta las pruebas solicitadas por los recurrentes. Esta falta de respuesta adecuada ha llevado a la anulación de los procesos y a la devolución de las multas.
El Ayuntamiento de Madrid es conocido por ser la capital de provincia que más recauda por multas en España, con una cifra cercana a los 200 millones de euros al año. Sin embargo, la victoria legal de Dvuelta en los 160 procesos judiciales por multas de velocidad en la M-30 ha supuesto un fuerte golpe para las arcas del consistorio. Además, esta victoria ha revelado las prácticas negligentes y la falta de pruebas por parte del Ayuntamiento.
En todas las sentencias favorables a los conductores multados, los jueces han destacado la importancia de la presunción de inocencia y han recordado al Ayuntamiento de Madrid su responsabilidad de demostrar la comisión de la infracción. Además, han reprendido al consistorio por no explicar adecuadamente las razones para desestimar las alegaciones de los conductores, lo que ha llevado a la anulación de los procesos.
La victoria legal de Dvuelta ha supuesto un importante impacto económico para el Ayuntamiento de Madrid, que se ha visto obligado a devolver el importe de las multas y a pagar las costas judiciales en 85 casos. Esto pone en tela de juicio las prácticas de recaudación del consistorio y la necesidad de un cambio en la gestión de multas. Los conductores merecen un trato justo y pruebas adecuadas antes de ser sancionados, y es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar esto.