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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha iniciado los trámites para una nueva ley de amnistía destinada a los independentistas catalanes que participaron en el proceso de declaración unilateral de secesión en 2017. Esta medida, que incluirá delitos de sedición, malversación y actos tipificados como terroristas, es vista por algunos como un intento de reconciliación y por otros como una amenaza para el Estado de derecho.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de los magistrados y jueces, ha respondido a la propuesta de la ley de amnistía con preocupación. Ocho vocales del CGPJ han solicitado un pleno extraordinario para analizar la situación, que consideran una abolición del Estado de derecho en España. Esta respuesta demuestra la profunda división existente en el sistema judicial español sobre la cuestión de la independencia catalana.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha autorizado la presentación de una iniciativa de ley en el Parlamento, que está a la espera de la aprobación de Junts per Catalunya (JxCat), liderada por el ex presidente Carles Puigdemont. La aprobación de esta ley podría ser un factor decisivo en las futuras alianzas parlamentarias y de investidura de Sánchez.
Los movimientos políticos y judiciales de la derecha se intensifican en respuesta a lo que ven como una inevitable investidura de Sánchez. Los ocho vocales conservadores del CGPJ se oponen a la futura ley de amnistía y han firmado una declaración institucional en la que cuestionan la estrategia de Sánchez. Esto refleja una creciente polarización en la política española en torno a la cuestión catalana.