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Deen Muhammad, un vendedor ambulante pastún de 32 años, es uno de los afectados por esta medida. Aunque tiene raíces afganas, nació y creció en Pakistán. Sus padres y familiares huyeron de Kabul a la provincia paquistaní de Punjab en 1982, tres años después de la invasión rusa. Muhammad fue repatriado en 2017, pero regresó a Pakistán debido a los conflictos en Afganistán. Mis raíces están en Afganistán, pero me considero pakistaní. Mi mujer y mis cuatro hijos menores también nacieron aquí. Tenemos documentos que lo demuestran, declaró Muhammad a DW.
El gobierno paquistaní ha defendido su decisión de expulsar a los inmigrantes indocumentados, argumentando que es una medida necesaria para mantener el orden y la seguridad en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han criticado la medida. Según Maheen Paracha, portavoz de HRCP, El Estado debe proteger los derechos fundamentales de los refugiados de conformidad con un acuerdo celebrado con Afganistán y en cooperación con ACNUR, en lugar de deportarlos por la fuerza.
La expulsión de los refugiados indocumentados tiene graves consecuencias tanto para los individuos como para las comunidades a las que son devueltos. Muchos de los refugiados que regresan a Afganistán se encuentran con una situación de inseguridad y falta de oportunidades. Además, la repatriación forzada puede ser especialmente traumática para los niños y las personas que han vivido en Pakistán durante la mayor parte de sus vidas.
El futuro de la política de inmigración en Pakistán es incierto. Aunque el gobierno ha demostrado su determinación para expulsar a los inmigrantes indocumentados, la presión de las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional podría llevar a un cambio de rumbo. Además, el actual gobierno provisional, formado a mediados de agosto, no tiene mandato para tomar decisiones sobre la política nacional de deportaciones, según Maheen Paracha, portavoz de HRCP.