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OpenAI ha hecho un descubrimiento revolucionario en el campo de la inteligencia artificial con el desarrollo de la AGI. Esta tecnología va más allá de las IA actuales al ser capaz de realizar una amplia gama de tareas y aprender de ellas. El hallazgo se comentó en un informe de OpenAI sobre AGI, lo que generó discusión dentro de la junta directiva y llevó al despido del CEO Sam Altman.
El descubrimiento de la AGI ha generado polémica debido a su potencial destructor para la humanidad. Existe el riesgo de que una AGI pueda generar otras AGI por sí misma, lo que podría llevar a la revelación de información confidencial. Ante estos riesgos, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros territorios del mundo están trabajando en propuestas de ley para regular la AGI y proteger a la sociedad.
La AGI se diferencia de las IA actuales en su capacidad para realizar una amplia gama de tareas y aprender de ellas. Mientras que las IA actuales se centran en resolver un problema específico, la AGI puede llevar a cabo múltiples tareas y evaluar su propio desempeño. Además, la AGI tendría acceso a todo el conocimiento humano y sería capaz de entrenarse a sí misma para mejorar.
Esta diferencia plantea nuevos desafíos en la definición de lo que se considera humano y en la determinación de qué tareas son aceptables para la AGI. El equipo de DeepMind, una división de Google, ha señalado que la AGI debe ser capaz de aprender a realizar tareas, evaluar su desempeño y pedir ayuda cuando sea necesario. Esta capacidad de autoaprendizaje y autorreforzamiento es lo que hace que la AGI sea tan revolucionaria.
El desarrollo de la AGI plantea riesgos significativos para la sociedad. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de que una AGI pueda generar otras AGI por sí misma, lo que podría llevar a la revelación de información confidencial que se guardó en su momento. Esto podría incluir información personal, así como información del ámbito industrial, económico y gubernamental.
Ante estos riesgos, es necesario establecer regulaciones para controlar el desarrollo y uso de la AGI. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros territorios del mundo están trabajando en propuestas de ley que buscan regular la AGI y proteger a la sociedad. Estas propuestas de ley reconocen los riesgos que la AGI puede representar y buscan establecer medidas de protección adecuadas.